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EMSULE interpone una segunda querella por presuntos delitos de malversación y prevaricación continuada contra el portavoz del PP de Leganés

EMSULE interpone una segunda querella por presuntos delitos de malversación y prevaricación continuada contra el portavoz del PP de Leganés
Leganés, 19 de Enero de 2023
Tras conocer dos informes de un despacho de abogados especializado, contratado por EMSULE, que ponen de manifiesto diversos hechos que podrían ser constitutivos de delito.

Pagos de varios millones de euros que se hicieron sin respetar los trámites de contratación y con procedimientos que no están claros.
El alcalde de Leganés Santiago Llorente ha destacado en rueda de prensa algunos de los detalles de las dos querellas por presuntos delitos de malversación y prevaricación continuada que la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) ha interpuesto contra el portavoz del PP local, Miguel Ángel Recuenco, diputado regional y presidente de EMSULE durante los años 2011-2015 y contra Manuel Martín Cazorla, gerente de la empresa en este periodo.

Las querellas se interponen tras conocer dos informes realizados por un despacho de abogados especializado, contratado por EMSULE, en los que se ponen de manifiesto diversos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. El pasado mes de octubre EMSULE contrató a un despacho de abogados independiente después de que la Asesoría Jurídica de la empresa encontrase diversas irregularidades.

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha explicado hoy junto al vicealcalde Enrique Morago, el fondo de las dos querellas interpuestas por EMSULE en base a los dos informes realizados por el despacho de abogados.



Una querella que se interpone en defensa de los intereses de los ciudadanos de Leganés

La primera de las querellas pone de manifiesto la contratación de varias empresas en relación al PP3 de Leganés, por unos importes cercanos a los 2 millones de euros en los que se han saltado todos los trámites de contratación y todos los procedimientos establecidos por la propia empresa. Casualmente, las cuatro empresas que recibieron los contratos son propiedad de las mismas personas.

Pagos realizados a una constructora con un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones de euros”

La segunda querella viene derivada del segundo informe y también se plantea en base a un presunto delito de prevaricación y malversación. En este caso, obedece a la gestión de los pagos realizados a una constructora por la finalización de las obras de una promoción de viviendas públicas en el barrio de Poza del Agua de Leganés (PP5). La querella se centra en "la liquidación del contrato de obras que ejecutó la constructora Ogensa", que habría formulado unas reclamaciones que habrían supuesto un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones de euros”.



Utilización de un laudo arbitral con peritos que ya se conocían

La constructora reclamaba unas cantidades a pesar del que el contrato firmado con la empresa municipal establecía un precio cerrado. La Empresa Municipal del Suelo acabó reconociendo algunas de las cantidades adeudadas por la constructora y lo hizo en base a un procedimiento diferente, un laudo arbitral en el que ambas partes fijaron sendos peritos para buscar un acuerdo. Según se pone de manifiesto en los informes, esos peritos se conocían entre sí, todos acabaron dando la razón a la constructora, atacando y lesionando los intereses de EMSULE, que acabó pagando muchísimo más de lo que en principio reclamaba la propia constructora.

Así lo explica el alcalde, Santiago Llorente, que explica la interposición de ambas querellas. “Creemos que esta situación puede ser contraria a los intereses de los vecinos, hay situaciones que no están del todo claras y hay hechos que pueden ser constitutivos de delito, por eso decidimos ponerlos en conocimiento de la Justicia” explica el alcalde.

En la querella, la empresa pública pide que se cite a declarar a los responsables de la constructora y a todos los técnicos que participaron en el laudo arbitral, así como a Carlos Delgado, portavoz de ULEG. En total se cita a declarar a una decena de personas.